MAR DEL PLATA - CREASE O NO !!

LA POLITICA COMO PROFESIÓN

MAR DEL PLATA - La polémica secreta del Concejo Deliberante

Se juraron mantener el debate en silencio. Pero se acerca una definición y el misterio se empezó a develar. Los concejales discuten si tienen que cobrar un plus por antigüedad por cargos anteriores en la administración pública, como establece una ley provincial. El oficialismo se niega, pero recibe cada vez más presiones. Las tarjetas por aproximación y la contribución por mejoras son las otras grandes controversias.-

Del tema se habla sólo en las reuniones de jefes de bloque, siempre con las puertas cerradas. O, si no, en reuniones entre concejales. La decisión de no comentar nada ante la prensa parece un mandato impuesto desde el mismo momento en que empezó la discusión. Pero el debate secreto que divide al Concejo Deliberante está llegando a un punto de definición y casi no hay margen para más disimulo: los ediles marplatenses discuten si cobrarán un plus por antigüedad en cargos previos a la asunción de sus bancas.

A principios de año, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 13.924, que modifica un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). El gobierno de Daniel Scioli no tardó en promulgarla. Ese pequeño cambio permite a los concejales de la provincia incorporar a sus dietas el pago de la antigüedad acumulada en cargos anteriores de la administración pública. En algunos casos, significaría hasta 3000 pesos extra en los ingresos.

Algunos municipios, sobre todo del conurbano, adhirieron a la ley en el instante exacto en que la Legislatura provincial la aprobó. Es el caso de San Miguel, de Lincoln y de General Rodríguez. En otros casos, como en Esteban Echeverría, el intendente vetó la ordenanza que adhirió a la modificación de la ley. Y en otros, como en Olavarría, concejales de bloques opositores renunciaron a cobrar el plus.

En Mar del Plata, la discusión se mantuvo hasta ahora silenciada. Pero el presidente del Concejo, Marcelo Artime, recibe cada vez más reclamos de concejales para que pague el adicional. Con todo, cada vez le quedarían menos argumentos para resistirse. “Nuestro bloque no está de acuerdo con el plus. No nos parece pertinente”, se le escuchó decir en los últimos días.

Artime está, sin embargo, entre la espada y la pared. La espada: la insistencia de algunos ediles para que se cumpla la ley y la posibilidad subyacente de que, si eso no sucede, le inicien alguna demanda legal cuando terminen sus mandatos. La pared: el mal mensaje político de subir los sueldos de los concejales en un momento en que a la Municipalidad no le sobra nada.

Lo que no está claro todavía es si tendrá que llevar la discusión al recinto o podrá tomarla a través de un decreto. Varios de los municipios adhirieron a la ley mediante una ordenanza. Artime jura haberse informado y dice que eso no hace falta.

Según la Ley Orgánica, los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires pueden insumir hasta un 3 por ciento del presupuesto comunal. Con los fondos adicionales que se destinarían a los concejales con antigüedad en la función pública, esa barrera se haría trizas. Era uno de los argumentos oficialistas para evitar el aumento. Pero a Artime lo han anoticiado de que ese tope rige para los gastos de funcionamiento, no para los salarios.

El titular del cuerpo tiene otro problema: si adhiere a la ley, no le quedará margen para introducir en el Concejo algunas innovaciones que pretende, como la de instalar cámaras en el recinto para que las sesiones puedan ser seguidas por Internet. Por si fuera poco, el rompecabezas tiene otra pieza: algunos ediles podrían reclamar el cobro retroactivo de la bonificación a enero, el mes en que se aprobó la ley.

Artime tiene una carta para reducir el costo político de la medida. Les pedirá a los concejales que se comprometan a disminuir un 50 por ciento sus dietas si quieren cobrar el plus. De la respuesta que reciba depende gran parte de los fondos del Concejo.

Con este escenario tormentoso de fondo, el Concejo debate los asuntos públicos. El viernes, la Comisión de Hacienda dejó al proyecto que impulsa las tarjetas por aproximación como sistema de cobro del boleto en condiciones de ser tratado el jueves en la sesión plenaria. El oficialismo perdió la votación seis a dos y quedó la sensación de que pudo haber hecho algo más para evitar el dictamen. “No es así, la oposición nos atropelló”, se defendió el titular de la comisión, Santiago Bonifatti. Según el radicalismo, el que forzó la votación fue el bloque de Acción Marplatense. Es cierto que existieron gestos para postergar la decisión por lo menos una semana.

Las únicas diferencias entre el oficialismo y la oposición no son esas. La jefa del bloque radical, Cristina Coria, aclaró que la ordenanza no obliga a las empresas a implementar el sistema, sino que tan solo “las autoriza”. “¿Las autoriza? Me hacen reír, si hasta les pone un plazo de 90 días para que instrumenten el nuevo sistema”, discrepó Bonifatti en tono socarrón. Habría que convenir algo: si la norma no conlleva obligación, entonces es menos sustancial de lo que se presenta. En esa hipótesis, lo único que haría el Concejo el jueves sería aprobar una expresión de deseos.

Los empresarios tienen todos los ojos puestos en la pelea legislativa. Presionarán hasta último momento para que, si efectivamente se sanciona la ordenanza, se escriba un artículo que contemple un aumento de boleto. Sostienen que es la única forma de financiar la adquisición del nuevo sistema. El problema es que los impulsores de la iniciativa descreen de ese planteo. “Eso es mentira”, lanzaron en la comisión.

El jueves puede pasar cualquier cosa. Se puede aprobar el proyecto o puede volver a comisiones. ¿Tendrá Pulti un conflicto con los empresarios si la oposición impone el proyecto sin contemplar un aumento de tarifa? Es posible. La única certeza es que las concesionarias estarían dispuestas a no cumplir la norma. “Es que, en realidad, sería de imposible cumplimiento”, se atajó el vocero de las empresas. Son palabras que parecen preparar el terreno para la batalla.

El escenario es confuso por donde se lo mire. “Ahora se viene el paro de los transportistas”, deslizó entre susurros un edil con ganas de imponerles a las empresas el nuevo sistema de cobro del boleto. ¿Existe acaso alguna intención de generar un conflicto? Frases de ese tenor no ayudan a pensar distinto.

Otra controversia que no cesa es la de las obras mediante el sistema de contribución por mejoras. El presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado, José María Conte, ha empezado un raid mediático para explicar una y otra vez cómo los vecinos deben afrontar los costos. Sabe que si tuvo resistencia en algunos barrios con las obras de alumbrado podría convertirse en una odisea convencerlos de que paguen el asfalto, cuyo precio es exorbitante. El dato que desconoce es que la oposición analiza derogar la ordenanza de contribución por mejoras para que las obras se analicen en el Concejo cuadra por cuadra. Lo dijo una alta fuente del bloque radical la semana que pasó.

Pulti otea esas controversias mientras atiende otros asuntos. Abrochó un buen acuerdo con los empresarios de la pesca para que reparen las calles del puerto. Escuchó más cuestionamientos que apoyos al plan de regularización de deudas que prevé el sorteo de un taxi y becas estudiantiles para los contribuyentes cumplidores. Y soportó sin entrometerse la crítica de un concejal opositor a su secretario de Planeamiento, José Luis Castorina, que es a la vez el presidente del Colegio de Arquitectos.

Ocupar esos dos cargos al mismo tiempo no constituiría una incompatibilidad legal. Sería reconfortante, sin embargo, que los funcionarios tuvieran algún prurito ético a la hora de asumir ciertas responsabilidades

Autor/Fuente : Ramiro Melucci - Diario El Atlántico

Total si los fondos para pagarse los sueldos y adicionales no alcanzan aumentan los impuestos y listo . El vecino siempre pàga ..