POLÍTICA - CONFLICTIVIDAD Y CLIENTELISMO

La conflictividad crece y deja al descubierto la trampa del clientelismo

El cóctel de la conflictividad social crece día a día y el paliativo que el Gobierno decidió utilizar para controlarlo se agota.

Hace más de un año, cuando el bolsillo apretaba por demás y el desafío electoral demandaba fondos frescos para encarar la carrera proselitista, el matrimonio presidencial creyó encontrar en la caja de las AFJP el paliativo para todas las necesidades que debía afrontar. Y desde entonces enhebró una larga serie de anuncios atados a los fondos que ahora maneja la ANSeS.

Desde programas para financiar la compra de departamentos, automóviles, bicicletas y todo aquello que aliente el consumo, hasta el reciente otorgamiento de una asignación de 180 pesos por hijo para desocupados y trabajadores en negro, que demandará más de $ 10.000 millones anuales. Los lanzamientos de planes se sucedieron unos a otros y aunque muchos de ellos no llegaron a buen puerto, el Gobierno buscó mantener contentos a los sectores afines a su causa.

Pero mientras el gasto crecía a un ritmo alarmante del 30% y el rojo se hacía el color dominante en las arcas fiscales, los reclamos de los gremialistas y piqueteros no alineados con la administración kirchnerista se fueron acumulando y generaron zozobra. Ocurrió con el caso de los trabajadores de la ex Terrabusi que no responden a la CGT de Hugo Moyano y que complicaron por varios días la circulación en la autopista Panamericana.

También con los delegados del subterráneo, que no aceptan los designios de la UTA y en numerosas ocasiones impidieron el normal funcionamiento de los servicios.

Con los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que acompañados por activistas de izquierda mantuvieron tomado el establecimiento por nueve días. Y con las organizaciones piqueteras que escapan a la estructura de Luis D’Elía o Emilio Pérsico, que tras repetir en diversas oportunidades la modalidad del bloqueo a los accesos a la ciudad de Buenos Aires, decidieron anular el libre tránsito en la principal avenida porteña.

Todos con demandas diferentes, pero con la misma metodología, alentada por la permisividad oficial.

Lamentablemente, hace tiempo que en la Argentina no se entiende que peticionar ante las autoridades no implica violar los derechos del resto de los habitantes. Nadie lo cumple y nadie lo hace cumplir. Más aún, el reclamo de el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para que se resuelva el conflicto sólo agitó más ayer la tempestuosa relación que su gestión mantiene con la Policía Federal.

Reparto

El piquete en la avenida 9 de julio dejó al desnudo dos aristas grises de los nuevos planes sociales. Por un lado, la dificultad con la que tropiezan los ministros para cumplir con las promesas oficiales.

El denominado plan “Argentina Trabaja”, con el que la presidenta Cristina Kirchner prometió en agosto pasado crear 100.000 puestos antes de fin año y para el que se destinó un presupuesto de $ 1500 millones, recién se cumplió en un tercio. Y ya se anunció un nuevo programa para otorgar fondos a los hijos de esos desocupados que aún no se sabe cómo se terminará de instrumentar.

Por otro lado, resurgió la polémica por el presunto manejo clientelar de los planes, un procedimiento que, apenas tropieza con la falta de fondos, se transforma en una trampa para aquel que lo lleva a la práctica como forma de garantizar fidelidades y aplacar protestas.
Los manifestantes apuntaron a la red de punteros políticos que se mueven en las diferentes municipalidades del conurbano bonaerense y denunciaron que en ocasiones se piden hasta $ 1000 para acceder a un plan que alcanza a $ 1340.

Aunque dejaron entrever que la pelea también radica en quien se queda con el reparto, ya que admitieron que el financiamiento de sus propios movimientos piqueteros parte, precisamente, de aquellos desocupados que buscan ingresar al programa. Y bastó que el Ministerio de Desarrollo prometiera la inclusión en el plan para que levantaran el campamento. Al menos, hasta la próxima protesta.

Fuente: El Cronista (Buenos Aires)