PROVINCIA - DENUNCIAN A SCIOLI Y STORNELLI

Corrupción en la Policia Bonaerense

Denuncian a Scioli y Stornelli

Una entidad que nuclea a policías bonaerenses retirados (APROPOBA) pidió que se forme una comisión investigadora legislativa. Mientras tanto, un abogado marplatense presentó una denuncia judicial.

El Secretario General de APROPOBA, MIGUEL ÁNGEL REYNOSO, acompañado del integrante de la Delegación Mar del Plata MARIO ROBERTO DESHUSSES, se hicieron presentes en la legislatura provincial con sendas notas dirigidas al Vicepresidente 1ro, en ejercicio de la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores, Senador FEDERICO CARLOS SCARAVINO y al Presidente de la Honorable Cámara de Diputado HORACIO RAMIRO GONZÁLEZ, de cuyo contenido se dio conocimiento en la secretaría de dichos despachos y posterior registro de ingreso en las correspondientes mesas de entrada, requiriendo la intervención de esos cuerpos para la designación de una comisión Investigadora parlamentaria.

El motivo de dicho requerimiento se basa en el contenido del artículo periodístico aparecido en la edición del día domingo pasado de la Revista Noticias bajo el título “Pruebas y Confesiones de la Corrupción Policial”, de cuyo contenido se desprende según propios términos que tal práctica se encontraría “institucionalizada o de una matriz generalizada, la que solo puede llevar a cabo si cuenta con la complicidad de las más altas autoridades políticas”, todo lo cual diera origen a la denuncia radicada en el Departamento Judicial Mar del Plata por el Dr. ANDRÉS BARBIERI, motivo por el cual y teniéndose en cuenta que en cada oportunidad en que se denunciaran esas cuestiones nunca se arribó a resultados concretos pero sin embargo en purgas, traslados, retiros y demás siempre fue el trabajador policial el que pagó las consecuencias aún ante la inexistencia de las debidas probanzas y que de resultar ciertas las denuncias debido a la permanencia en el tiempo dichos actos de corrupción no podrían haberse llevado a cabo sin la complicidad o la dirección de las autoridades políticas de turno correspondientes a las distintas administraciones, entendiéndose desde nuestra institución que mas allá de los resultados de la investigación judicial y ante la calidad de los funcionarios sobre todo políticos que podrían encontrarse involucrados se hace necesaria una seria investigación parlamentaria para que de una vez por todas se finalice con las acusaciones recurrentes que aunque no puedan probarse causan el consabido daño institucional e impredecibles consecuencias a cualquier trabajador policial.

Asimismo en las lógicas limitaciones del tiempo disponible se procedió a entrevistar a algunos legisladores de bloques opositores ilustrándolos sobre la presentación, entregándoles copia de la nota y requiriéndoles el compromiso necesario para el momento en que dicho trámite tome estado parlamentario o sea derivado a alguna comisión, sin perjuicio de hacerles llegar por otras vías la misma información a todos los demás legisladores.

Es dable destacar que gran parte de la preocupación de APROPOBA corresponde a la posibilidad de que podría llegar a aprovecharse una situación como la presente para retornar a las masivas purgas que tanto mal han hecho no solo al personal policial sino al sistema de seguridad todo de la provincia de Buenos Aires, cuyas consecuencias se encuentran a la vista y por otro lado facilitar la prórroga de la Ley de Emergencia Policial, que contempla la anticonstitucional “prescindibilidad”, que como todos sabemos viene negando desde hace demasiados años todo derecho ciudadano a los policías de esta provincia.

Nota presentada por APROPOBA en la Legislatura bonaerense

Mar del Plata, 5 de mayo de 2010.

Al Sr. Presidente de la Honorable Cámara de ………… de la Provincia de Buenos Aires ……… S/D.

De mi mayor consideración:

MIGUEL ÁNGEL REYNOSO, DNI 8.575703, y con domicilio en la calle El Chingolo Nro. 725 de la localidad de Colinalegre, Partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires por propio derecho y en mi calidad de Secretario General de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, (APROPOBA), entidad sindical de hecho que agrupa a integrantes de la fuerza policial mencionada, tengo el agrado de dirigir la presente al Sr. Senador y digo que:

Resulta motivo de esta presentación el contenido de la nota periodística aparecida en la edición Nro. 1740 de la Revista Noticias, correspondiente al día 30 de abril del corriente año y que bajo el título “Pruebas y Confesiones de la corrupción Policial” en la que se denuncia públicamente una supuesta red de corrupción generalizada e institucionalizada dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto y surgiendo del artículo mencionado la afirmación de que esta situación resultaría de antigua data trascendiendo por lo tanto el ámbito estrictamente policial dado las conocidas reformas, contra-reformas , cambios de conducción y constantes purgas a las que se ha visto sometido el personal de la fuerza de todos los niveles de lo que se deduce un claro compromiso del MARCO POLÍTICO ya que los hechos denunciados en la publicación apuntan a una serie de actos de CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA o una matriz generalizada, la que SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO SI CUENTA CON LA COMPLICIDAD DE LAS MAS ALTAS AUTORIDADES POLÍTICAS más aún teniendo en cuenta que su permanencia en lo temporal pese a los cambios de las distintas administraciones recayendo en las figuras de los sucesivos gobernadores, ministros de seguridad y jefes de policía las principales responsabilidades.

Que por otra parte las declaraciones periodísticas que se citan en la nota de parte del ex vice ministro de seguridad Dr. MARCELO SAIN, correspondiente a los primeros años en que ocupara la titularidad de la cartera el Dr. CARLOS ARSLANIÁN, mencionando haber sido tentado a aceptar un monto millonario producto de las actividades policiales ilícitas, lleva a pensar el motivo por el cual dicho funcionario no procedió al secuestro del dinero ofrecido y puso al ofertante a disposición de la justicia, como también queda la duda si comunicó el hecho al propio ministro y si éste tenía conocimiento de tales supuestos manejos, por lo que necesariamente debería concurrir con su testimonio formal a expresar todo el conocimiento que tiene sobre el particular dada su condición de funcionario público.

Con el fin de que una vez por todas se despeje cualquier duda sobre un tema que en forma tan recurrente vuelve a ser noticia cada tanto tiempo sin que en ninguna de las oportunidades anteriores donde se hicieran públicas denuncias similares, por lo menos en lo que se conoce, se haya arribado a esclarecimiento alguno, requerimos en mérito a nuestra representación la URGENTE iniciación de una INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA, con el fin de llevar adelante la diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos especialmente al tener en cuenta la calidad de los funcionarios que podrían encontrarse involucrados.

Me permito mencionar que con motivo del mencionado artículo, con fecha 3 del corriente el abogado Dr. ANDRÉS BARBIERI ha presentado en la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata una denuncia solicitando la investigación correspondiente, la que ha fuera ratificada posteriormente dando origen a la IPP 8499-10 radicada en la UFI Nro. 10 a cargo de la Dra. Lorena Irigoyen, Juzgado de Garantías Nro. 6 a cargo de la Dra. Lucrecia Bustos, denuncia a la que nuestra entidad adhiere y hace propia formalizando oportunamente la pertinente presentación en dicha causa para sustentar el accionar de la autoridad judicial.

En prueba de lo señalado se adjunta a la presente un ejemplar de la publicación periodística que se cita, como también texto de la denuncia presentada por el Dr. ANDRÉS BARBIERI.
Por último me permito significar que se ha cursado nota de igual tenor al Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Senadores con igual finalidad.

Saluda al Sr. Diputado, con la más distinguida consideración.

MIGUEL ÁNGEL REYNOSO, Secretario General

La denuncia judicial

FORMULA DENUNCIA.- SE INVESTIGUEN LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA PUBLICACIÓN ACOMPAÑADA

Señor Fiscal General:

ANDRÉS BARBIERI, abogado, tomo V folio 130 CAMdP., CUIT. e IB 20-13601432-4, Monotributista, Legajo Previsional nro 42355-9, constituyendo domicilio legal en la calle Santiago del Estero nº 2927 de la ciudad de Mar del Plata, me presento y digo:

1.-) Que vengo a formular una denuncia penal, (arts 77 y cdtes del CPP), en relación a los delitos de acción pública reflejados en el artículo de la Revista Noticias, edición nro 174030, de fecha 30 de abril del corriente año, (pág. 108-114), que se deducen de la investigación llevada a cabo por los periodistas, MARÍA FERNANDA VILLOSIO y RODOLFO PALACIOS, los que en principio pueden ser calificados como ASOCIACIÓN ILÍCITA, EXACCIONES ILEGALES, ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, COHECHO, INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (arts. 210, 266, 267, 174 inc. 5to., 256, 248 del Código Penal).

Que corresponde que los hechos sean investigados y que las actuaciones respectivas se sustancien en la órbita de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, puesto que aparecen como principales responsables en carácter de organizadores de las maniobras denunciadas, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. DANIEL OSVALDO SCIOLI; el Ministro de Seguridad, Dr. CARLOS STORNELLI y el Jefe de la Policía, Comisario General JUAN CARLOS PAGGI, por lo tanto, tratándose de un caso que adquiere una gravedad de orden institucional, las actuaciones deben ser giradas al titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en orden a lo dispuesto en el art 13 inc. 3ro de la Ley 12061.

2.-) LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.

La publicación de referencia postula la comisión de los siguientes hechos:

a.-) Que las 360 comisarías de toda la Provincia de Buenos Aires pueden llegar a recolectar $300 millones anuales, o sea $25 millones de pesos por mes, por soslayar el control de los delitos contravencionales.

b.-) Que todos los meses se rinde cuentas a un superior sobre el dinero negro que ingresa a la caja chica.

c.-) Que en la Provincia de Buenos Aires el tarifario es muy cambiante y que todo depende del tamaño de la comisaría y su ubicación.

d.-) Que un tarifario promedio de una comisaría arroja el siguiente resultado; por juego clandestino se recaudarían unos $30.000 mensuales; talleres mecánicos fuera de regla, $8000; boliches de $8000 a 24.000; prostíbulos de $4000 a $32.000; y ferias que venden artículos de contrabando: solo en la Salada, se reunirían unos $100.000.

e.-) Que el argumento más difundido, y que sirve para justificar un acto ilegal, es que estos recursos se utilizan para solventar los gastos operativos de las comisarías que cuentan con presupuestos magros. Que se trata de un sistema que se retroalimenta y es prácticamente obligatorio.

f.-) Que del total del presupuesto destinado por el Ministerio de Seguridad Bonaerense - $4950 millones en el 2010- un 83 % se invierte en sueldos del personal y apenas el 17 % se deriva a gastos operativos. Incluso en la provincia reconocen que esa suma no alcanza para financiar este gran aparato policial. Y que ni aumentando el presupuesto oficial cinco veces se podrían cubrir todos los gastos oficiales.

g.-) Que según ha referido un integrante de la Corte Suprema de Justicia, esto no es un problema de inmoralidad individual de un policía, sino, que es un asunto político-social.

h.-) Que este recaudación se envía hacia arriba. Que primero va al distrito, después a la departamental, al Jefe de Policía, y finalmente al Ministerio.

i.-) Que las comisarías apenas retienen entre un 10 y 15 % de la caja negra.

Estas afirmaciones han sido ratificadas, según refiere el artículo periodístico, por un integrante de la Corte Suprema de Justicia; por el ex viceministro de seguridad Marcelo Saín; por otro ex funcionario de la gestión de Arslanián; y por el Ex fiscal federal de San Martín y actual asesor de Naciones Unidas, Dr. Luis María Chichizola; personas que solicito sean citadas a prestar declaración testimonial para profundizar la investigación.

Todo lo expuesto revela que evidentemente existe una verdadera organización delictiva y que se ha conformando una red de carácter mafioso que viene actuando impunemente en la Provincia de Buenos Aires, ello merced a la protección, complicidad o encubrimiento de las más altas autoridades, porque resulta inaceptable suponer que los hechos denunciados pudieran materializarse si sus autores no contaran con la complicidad de la más alta estructura de poder del Gobierno Provincial.

En efecto, las autoridades denunciadas tienen competencia para evitar la consumación de estos delitos, y por lo señalado en la investigación que hago referencia en esta denuncia, nada hacen para desterrar definitivamente estas prácticas enquistadas desde hace años en la fuerza de seguridad provincial.

No puedo dejar de señalar, que la Policía de la Provincia de Buenos Aires depende directamente del Gobernador, y es él quien ejerce un control directo a través del Ministerio de Seguridad.
El grado de impunidad y la protección institucional resulta evidente, puesto que no existe una denuncia formalmente presentada por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires para que se investiguen los hechos expuestos en la nota periodística citada, por el contrario, hasta el momento, se ignora todo lo denunciado.

Tanto el Gobernador Scioli, como el Ministro Stornelli, como el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Paggi, resultan ser autores mediatos de los delitos denunciados.

En efecto, el Código Penal incluye a “los que tomasen parte en la ejecución del hecho” y también a los “que determinen a otro” a cometer un delito.

Y conforme se desprende de la denuncia, no cabe duda que existe una organización delictiva, en la cual participan, autores materiales y otros que han forzado o inducido a los primeros, a ejecutar los hechos denunciados.

En tal sentido, estamos frente a una verdadera una autoría mediata, en los términos que ha sido expuesta por la doctrina penal cuyos fundamentos fueron tomados en la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal para condenar a los comandantes de las fuerzas armadas que intervinieron en la última dictadura militar, (voto de los Dres. Arslanián, Ledesma, D’Alessio, Valerga Araoz, Gil Lavedra, Torlasco, 9-12-1983, causa 13- Fallos CSJN, tomo 309, V II, pág. 1604).

Propongo, finalmente, que como medida de prueba, se cite a los periodistas que llevaron adelante la investigación, MARÍA FERNANDA VILLOSIO y RODOLFO PALACIOS, para que aporten todos los antecedentes del caso, y que en igual sentido lo hagan las personas que han revelado los hechos que sustentan el artículo periodístico publicado en la Revista Noticias, desde ya, estoy a dispuesto a ratificar en primera audiencia la presente denuncia.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA.

Fuente: Informador Público