ECONOMÍA - LÍMITES A LA AFIP

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS EMBARGOS DE OFICIO

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los embargos de oficio que hacía la AFIP. Puesto en otras palabras, si la AFIP consideraba que algún contribuyente le debía plata, sin ninguna orden judicial embargaba las cuentas bancarias y activos del contribuyente quien no tenía derecho a la defensa.

La AFIP lo declaraba culpable, le informaba al juez que ella lo había declarado culpable y luego el contribuyente tenía que defenderse.

Cristina Fernández se manifestó contra esta decisión de la Corte afirmando: "Se le recortan poderes a la AFIP. La AFIP no es de alguien privado; la AFIP son todos ustedes. Los impuestos que cobra la AFIP son los impuestos que después son distribuidos en salud, en educación, en planes promocionales, en planes sociales y realmente era una ley de la Nación.

Tampoco era una facultad que la AFIP había tomado; era el Poder Legislativo de la Nación". Varias reflexiones respecto a este párrafo. En primer lugar si los impuestos que cobra la AFIP se reparten en planes sociales, cada vez más abundantes, quiere decir que el modelo no está funcionando muy bien.

En un país que crece, según Cristina Fernández como nunca había crecido en 200 años de historia, la gente tendría que poder tener su trabajo, mantener a su familia y no depender de la supuesta benevolencia del Estado para poder sobrevivir. En segundo lugar, dice Cristina Fernández que se le recortan poderes a la AFIP y que esos poderes habían sido aprobados por ley.

Si Cristina Fernández es abogada, debería saber que hay leyes que aprueba el Congreso y que la Corte puede declarar inconstitucionales. ¿O la Corte tiene que fallar siempre de acuerdo al paladar del gobierno? Además, que el Congreso haya aprobado semejante aberración no quiere decir que se ajuste a derecho por el solo trámite de tener el voto favorable de diputados y senadores.

Una vez más debe recordarse que el monopolio de la fuerza que se le delegó al Estado es para que defienda el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, no para que sea usado como lo usaban las monarquías despóticas, avasallando los derechos de la gente para satisfacer los caprichos del monarca.

A diferencia del sector privado, el Estado se hace de recursos en forma compulsiva. Es decir, el sector privado tiene que conseguir sus ingresos convenciendo al consumidor para que compre sus bienes y servicios. Por el contrario, el Estado no tiene que ganarse el favor del contribuyente.
Solo usa el monopolio de la fuerza para quitarle a la gente una parte, en nuestro caso cada vez mayor, del fruto de su trabajo. Siendo que los ingresos del Estado se conforman de manera compulsiva, con más razón el contribuyente tiene que estar protegido de las arbitrariedades del Estado.

En nombre de los planes sociales y de la solidaridad social, nadie puede arrogarse el derecho a vulnerar la propiedad privada y no permitir la más mínima defensa del contribuyente. Lo que hay hecho la Corte es ponerle un límite al monopolio de la fuerza que tiene el Estado.

Ya bastante tenemos los contribuyentes que pagamos ganancias con las retenciones, los anticipos de ganancias y el no ajuste por inflación de los ingresos para determinar la base imponible como para que, encima, no tengamos la más mínima defensa ante el Estado.

Si el Estado tiene que recaudar impuestos para financiar sus gastos, debe hacerlo dentro del marco de la ley. Del Estado de derecho. Por lo tanto, Cristina Fernández no tiene porque ofuscarse si la Corte establece que la recaudación de impuestos tiene que estar sometida al imperio del Estado de derecho.

Dijo también Cristina Fernández: "Vivimos en un país donde tenemos el 36 por ciento de trabajo en negro; vivimos en un país donde uno de los principales problemas que tenemos es la evasión fiscal, esta era una facultad que le daba la ley a la AFIP y, además, fue una votación muy dividida". ¿Cuál es el problema que la votación haya sido dividida en la Corte? ¿Por qué hubo una mayoría y una minoría no tiene validez? ¿Acaso en 2007 ella no llegó a la presidencia con el 53% de los votos en contra? Como la votación estuvo dividida, siguiendo el criterio de CFK, ¿es ella una presidente legítima?

También Cristina Fernández sostuvo que en el país uno de los principales problemas es la evasión fiscal y que el 36% del trabajo es negro. Si ese porcentaje de trabajo es en negro, la causa hay que buscarla en la elevada carga tributaria que se aplica sobre la nómina salarial.

Bajen los impuestos al trabajo y van a ver como disminuye notablemente el trabajo en negro. Pero como el Estado es insaciable en materia impositiva, entonces pretenden “solucionar” el problema de la evasión aplicando leyes que vulneran los derechos más elementales de los ciudadanos.

En rigor el sistema impositivo argentino es caótico e injusto. Hay doble imposición como por ejemplo en el caso del impuesto al cheque, algo que también es inconstitucional.

Se aplica el impuesto a las ganancias sobre utilidades inexistentes porque no se permite el ajuste por inflación, el impuesto a las ganancias castiga a los más eficientes, es más, en el caso de los profesionales, el trabajo intelectual, que es parte del costo de producción no es reconocido como tal y, por lo tanto, el impuesto a las ganancias se transforma en impuesto sobre los ingresos brutos, y el listado puede seguir.

La realidad es que la carga tributaria en Argentina ha llegado a niveles récord porque el gasto público se ha disparado a niveles récord y como ese gasto necesita de financiamiento, quienes están dentro del sistema formal son saqueados impositivamente, mientras otros optan por asumir el riesgo de trabajar en el mercado informal.

Dada la carga tributaria existente, el premio por evadir bien vale la pena para los que trabajan en negro. Como el sistema tributario es confiscatorio y arbitrario y para muchos de posible cumplimiento, este avance del Estado sobre el contribuyente genera resistencia en buena parte de la población, y ese abuso del monopolio de la fuerza para apropiarse del ingreso del contribuyente pretende aplicárselo dotando al Estado de nuevas arbitrariedades que avasallan los derechos más elementales.

En el año 2002 la recaudación de impuestos, incluidos los impuestos a la nómina salarial, sumaron $ 50.515 millones. En 2009 los ingresos sumaron $ 304.930 millones, un aumento de $ 254.415 millones. Los Kirchner recibieron ingresos fiscales 6 veces más que en 2002 y encima hoy no les alcanza para financiar la totalidad del gasto público y tienen que recurrir a la emisión impositiva, a las confiscaciones de ahorros y a las reservas del BCRA. Y, como si todo esto fuera poco, encima se molestan porque la AFIP tiene que ajustarse a derecho para recaudar.

Como decía antes, el Estado genera sus ingresos en forma compulsiva. Ahora bien, esta forma de financiarse no significa que para recaudar pueda recurrir a cualquier mecanismo violando las garantías constitucionales. Nada justifica que por evitar la evasión el Estado pueda comportarse como un déspota.

¿Cómo se soluciona el problema de la evasión?

En primer lugar teniendo un Estado que no obstaculice al sector privado para que pueda invertir, crear puestos de trabajo, pagar mejores salarios y la gente viva de sus ingresos y no de los mal llamados planes sociales. Más bien son planes denigrar a la gente.

Con un Estado que no impide la producción ni desestimula la inversión, el gasto bajaría porque no habría que destinar fortunas en subsidios de todo tipo para denigrar a la gente con la cultura de la dádiva. Al mismo tiempo, habría que hacer una profunda reforma del Estado para que miles de empleados públicos dejen de cobrar sueldos por no hacer nada y pasen a trabajar en forma productiva el sector privado.

Con un Estado más chico y eficiente, cumpliendo sus funciones específicas, los ingresos tributarios que necesitaría el Estado serían menores, el sistema impositivo podría ser más sencillo, menos distorsivos y más fácil de recaudar, sin necesidad de tanto control y violaciones a los derechos individuales.

En síntesis, el tema es muy sencillo. A más gasto público, se necesita un sistema tributario más complicado y asfixiante, con inevitablemente mayor evasión. Obviamente que el nivel de gasto público tiene estrecha relación con las ideas populistas que puedan imperar en un país.

A mayor populismo, más gasto y a más gasto más violaciones a los derechos de las personas. Como puede verse, el tema no es tan complicado de entender.

Todo depende de para qué quieren llegar los políticos al gobierno. Si quieren llegar al gobierno para garantizar la libertad de las personas, su trabajo y su propiedad, no hace falta mucho gasto público ni impuestos.

Si quieren llegar al gobierno para hacer populismo y un negocio personal del manejo del Estado, entonces, no hay carga tributaria que alcance para satisfacer esa ambición personal.

Autor: Roberto Cachanosky

Fuente: Economia para Todos

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