PROVINCIA - REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA Y VARIOS

BUSCAN AUMENTAR CONTROLES Y ALOJAR PRESOS EN CUARTELES

Acuerdo para imponer por ley cambios en seguridad privada
El proyecto tiene aval de cámaras y gremios del sector y ahora se busca un tratamiento rápido en el Senado

Más control en el proceso de toma de personal, capacitación permanente y por rubro, una especificación del rol de las nuevas tecnologías y un protocolo de cooperación con las fuerzas policiales. Esos son los lineamientos básicos de la reforma a la ley de Seguridad Privada, una norma que ayer obtuvieron consenso definitivo en comisiones del Senado provincial.

Un proyecto de ley en estudio propone alojar presos de baja peligrosidad en cuarteles del Ejército

Ya con despacho favorable, la norma podría ser llevada al recinto para su análisis en la sesión de la próxima semana, cuando también hagan su ingreso formal al Senado un cúmulo de proyectos sobre seguridad impulsados por la oposición y que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Ayer, representantes de cuatro cámaras que nuclean a empresas del sector, del sindicato de vigiladores privados y del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense participaron de la reunión de la Comisión de Seguridad convocada para analizar los últimos detalles del proyecto impulsado por el titular de ese cuerpo, el senador de Unión Peronista Jorge D'Onofrio.

Voceros de la Comisión explicaron que los diferentes actores acordaron ayer avanzar con las modificaciones a la ley que regula la actividad, en vigencia desde hace más de 13 años y en cuyos artículos no se contemplan un importante número de herramientas y nuevas tecnologías utilizadas hoy en la seguridad privada.

Entre otros puntos, la norma incluye en su nueva redacción una serie de mecanismos de lo que se conoce como "seguridad electrónica", como cámaras, centrales de vigilancia y nuevas herramientas de comunicación.

Pero además, apunta a establecer condiciones más estrictas en el proceso de habilitación de las empresas de seguridad que pretendan instalarse en la Provincia y en las altas a los vigiladores solicitadas por las firmas ya en funcionamiento. Además, en caso de aprobarse la ley, los vigiladores privados deberán participar de cursos de capacitación permanentes y que se dictarán por rubro. "Habrá uno específico para los agentes de bancos, de empresas y de barrios privados, entre otros", se especificó.

Finalmente, el proyecto que se someterá a estudio dispone un protocolo de estricto cumplimiento para el trabajo conjunto y la cooperación entre los vigiladores privados y la Policía bonaerense. Entre otros aspectos, se especificará el procedimiento de comunicación de cualquier ilícito que los agentes detecten, incluso si exceden los límites de su objetivo de vigilancia.

"Va a ser obligación para los vigiladores comunicar a la comisaría cualquier ilícito y de acuerdo a un protocolo fijo. La ley, incluso, establece penalidades si no se cumplen", señalan desde la Comisión.

PRESOS EN CUARTELES

Por otra parte, en el marco del impulso a proyectos relacionados con seguridad surgidos desde bloques opositores, en el Senado ya se ingresaron dos iniciativas que proponen medidas para descomprimir la grave situación de superpoblación carcelaria y para disminuir el número de efectivos del Servicio Penitenciario destinados a custodiar traslados de detenidos.

Se trata de dos proyectos de declaración impulsados por el titular de la Comisión de Seguridad del Senado Jorge D'Onofrio. El primero propone al Ejecutivo firmar convenios con el Ejército argentino para disponer de cuarteles inutilizados con el objetivo de alojar allí presos de baja peligrosidad.

El otro proyecto ingresado propone la implementación de sistemas de transmisión entre cada una de las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense y oficinas de los Tribunales para habilitar teleconferencias entre esos edificios. Con ese nuevo método de comunicación, se explican, podrían evitarse el 70 por ciento de los traslados de detenidos desde cárceles a los juzgados.