EL ZORRO CUIDANDO EL GALLINERO

La Corte confirmó procesamiento contra el diputado Raúl Pérez

Se trata del vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense y presidente del bloque del FpV.

El máximo tribunal bonaerense rechazó un planteo de prescripción de la causa por el paso del tiempo. Ahora, una jueza penal de La Plata lo citará a declarar y podría pedir su desafuero.

El expediente lleva doce años en trámite

La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó el procesamiento del diputado provincial (FpV), y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Raúl Pérez, en una causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. En los próximos días, una jueza de La Plata lo citará a prestar declaración y pediría su desafuero.

En rigor, el máximo tribunal de la Provincia acaba de ratificar lo resuelto por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata en 2007, cuando sostuvo que no podía considerarse prescripta la acción penal contra el diputado bonaerense.

En el mismo sentido que los jueces de Cámara, Carlos Alberto Ocampo, María Elia Riusech y Sara Berta Rodríguez de González, la Suprema Corte consideró que como el delito de enriquecimiento ilícito aún no se había configurado en la causa, ya que Pérez, presidente del bloque de diputados del Frente por la Victoria, nunca prestó declaración y la acción no estaba prescripta.

De este modo, el expediente que permaneció sin movimiento cerca de dos años en la Corte, casi otro año en la Sala IV de la Cámara, regresó ahora al Juzgado de Transición n° 4 de La Plata a cargo de la jueza Carmen Palacios Arias.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada citará a Pérez a un interrogatorio. Es que para el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el imputado quien tiene que demostrar su inocencia y no el magistrado. Es decir, el procesado debe acreditar fehacientemente que el origen de su patrimonio se condice con sus ingresos.

Si no lo logra se dará entonces por primera vez, desde el inicio de la causa, por configurado el delito. Y Pérez tendría que ser juzgado en un juicio oral y público.

La fecha de comienzo de las actuaciones tampoco es un dato menor. El derrotero judicial del expediente comenzó en 1997 y ya pasó por las manos de una decena de jueces en lo criminal, de transición, de cámara y de Corte.

En estos doce años, ninguno de los magistrados ha realizado el paso formal de citar a declarar a Pérez, actual miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense, nada menos que el decisivo ámbito donde se seleccionan los candidatos y las ternas de jueces para el Poder Judicial de la Provincia.

En tribunales se informó que la jueza Palacios Arias tenía pensado citar al legislador hace un par de semanas pero, en ese momento, Pérez sufrió un accidente con su moto BMW en una de las rutas de acceso a La Plata, sin mayores consecuencias.

Ahora, cuando lo llame a declarar, Pérez deberá resolver, antes de concurrir a los juzgados penales de 8 y 56, si se ampara en sus fueros.

La norma indica que todo ciudadano de bien debería someterse a la justicia para demostrar su supuesta inocencia, y más por el rol jerárquico que ocupa en el Consejo de la Magistratura.

Si el diputado eligiese acobijarse, una vez más, en su paraguas político de privilegio, la jueza Palacios Arias tendrá entonces que pedir su desafuero al Senado bonaerense.

Un intrincado laberinto judicial

La causa llegó a la Suprema Corte por un recurso interpuesto por la defensa de Pérez contra los reiterados rechazos -en primera y segunda instancia-, de los pedidos de prescripción de la acción, por el transcurso del tiempo que presentó el legislador.

Una muestra del paso del tiempo precisamente es que el defensor falleció hace varios años. Y hasta una de las integrantes de la Sala IV de la Cámara, Sara Berta Rodríguez de Gonzalez, ya se jubiló y su lugar fue reemplazado por el ex fiscal de Delitos Complejos, Carlos Ariel Argüero. Esta magistrada, junto al doctor Ocampo, con disidencia de Riusech, habían instado por la no prescripción del expediente.

En 2006, la jueza de Transición, Palacios Arias había citado a declarar a Pérez. Esa decisión fue recurrida por la defensa con el planteo de prescripción, la Sala IV de la Cámara la confirmó en 2007 y así el caso llegó a la Corte.

Un verdadero camaleón

Así como pasaron varios jueces por el expediente, también fueron cambiando las banderas políticas a las que se abrazó el presidente del Bloque K en Diputados.

En los ’90, cuando comenzó esta causa penal, era un recalcitrante menemista. Luego pasó a las filas duhaldistas, felipistas y kirchneristas. Tal vez en su capacidad de reacomadomiento, según las conveniencias, encuentre explicación la casi nula actividad que tuvo la causa penal en todos estos años.

Pérez también es cuestionado por su labor en el Consejo de la Magistratura por distintos jueces. Por caso, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ha denunciado su falta de formación jurídica y académica para ocupar ese cargo y la forma en que elige a dedo a los postulantes.

Seis años de prisión e inhabilitación

El delito de enriquecimiento ilícito es castigado con penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, más una multa del 50 por ciento del valor del enriquecimiento. El enriquecimiento ilícito es una figura jurídica muy particular.

Primero se le debe requerir al denunciado que justifique el incremento de su patrimonio. Sólo si no puede hacerlo se considera configurado el presunto delito y se prosigue el proceso. Es entonces el único caso del Código Penal en el que no se aplica el principio jurídico que reza: “El que alega debe probar”.

Está normado en el artículo 268 (2) del Código Penal, que establece que una persona incurre en ese delito cuando “al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.

El expediente paso a paso

La investigación se inició en octubre de 1997 por una denuncia del ex concejal Aníbal Zorraíndo, quien acusó a Raúl Pérez de presunto incremento desmedido de su patrimonio desde que inició su carrera en la función pública.

Pérez presidió el Concejo Deliberante de La Plata durante gran parte de los ‘90 y en 2001 fue electo diputado bonaerense; cargo en el que fue reelegido en 2005 y por el que ingresó en 2006 al Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona los candidatos a jueces de la Provincia.

La denuncia de Zorraíndo fue radicada en 1997 ante la jueza penal platense Elva Demaría Massey, pero la magistrada se declaró incompetente por la fecha de la presentación y la causa pasó a su par, Emir Caputo Tártara.

Con la reforma procesal penal en la Provincia, en septiembre de 1998 los juzgados penales se disolvieron y las causas allí radicadas pasaron a los llamados juzgados de transición.

La causa contra Pérez quedó largo tiempo en medio de un intrincado laberinto judicial, hasta que en 2001 fue radicada en el juzgado de Palacios Arias. En ese mismo año, la jueza convocó a peritos contables -Pérez aportó uno de parte- para que analizaran el patrimonio del denunciado

Fuente : Diario Hoy

NdlR :

El Diputado Perez es NADA MAS NI NADA MENOS QUE EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA QUE ES EL ORGANO ENCARGADO DE PROPONER LAS TERNAS DE JUECES ....... SIN PALABRAS ...