Kirchner lo hizo. Finalmente, el oficialismo, a fuerza de perseguirlo y recortarle funciones, logró que Manuel Garrido renunciara a su cargo de Fiscal de Investigaciones Administrativas.
Es uno de los hechos más vergonzosos de la historia argentina y debe recordarse el día de ayer como eso: como el día de la vergüenza.
Mientras la sociedad discutía acerca de las declaraciones de Susana Giménez o Marcelo Tinelli, el procurador general de la Nación, el oscuro Esteban Righi, cocinaba a fuego lento la presión hacia Garrido. Siempre a pedido del matrimonio presidencial, acorralado por las denuncias oportunas y certeras del mencionado fiscal.
Garrido asumió en noviembre de 2003, algunos meses después de que el kirchnerismo llegara al Gobierno, y desde entonces puso en jaque judicial a varios de sus funcionarios con sus denuncias por presuntos hechos de corrupción.
Las denuncias de Garrido incluyeron al ex presidente Néstor Kichner y a varios de los funcionarios más relevantes del Gobierno e incluyeron temas sensibles como las estadísticas del INDEC.
Pero Garrido también investigó hechos de corrupción del Gobierno menemista: algunos de sus objetivos fueron el ex presidente Menem, el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y el actual senador y ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero.
Su función lo llevó a enfrentarse públicamente con su jefe, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que dictó una resolución sobre las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Garrido denunció que la medida le recortaba facultades para investigar. Righi sostuvo que la resolución buscaba establecer los lineamientos del trabajo de los fiscales y le reclamó que no haga "promoción personal de su rol en la lucha contra la corrupción".
Entre sus denuncias más importantes se destacan el pedido para seguir investigando el patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner, al apelar una resolución que había desestimando la denuncia contra el actual titular del Partido Justicialista.
También denunció al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por una supuesta manipulación de los datos del INDEC, e inclusive pidió que se le prohíba salir del país.
Al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, los había denunciado por el presunto pago de sobreprecios en la compra directa de 15 locomotoras a una empresa japonesa. Y contra Jaime sumó otra denuncia para que se lo investigue por un viaje a Brasil con pasajes supuestamente pagados por empresas que por su cargo debía controlar.
También denunció al secretario de Medios, Enrique Albistur, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y presuntas anomalías en la distribución de la publicidad oficial.
La causa Skanska también fue eje de las denuncias de Garrido, quien pidió que se investigue el pago de coimas para la construcción de dos gasoductos.
La lista de actuales y ex funcionarios que estuvieron bajo la lupa de Garrido incluye a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el dinero hallado en su baño; al vocero de Cristina Kirchner, Miguel Núñez, también por presuntas irregularidades, y al ex titular del Ejército Roberto Bendini por supuesta malversación de fondos públicos.
Garrido nació el 15 de septiembre de 1964 y se recibió de abogado en 1988 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 9.53 y diploma de honor. Asumió en la FIA el 13 de noviembre de 2003, con acuerdo del Senado, tras ganar un concurso público y dejar atrás una larga carrera en la justicia penal que comenzó en el Ministerio Público. Antes de llegar a la titularidad de la FIA fue, entre diciembre de 2002 y noviembre de 2003 fiscal de Control Administrativo Interino de la Oficina Anticorrupción (OA). En la OA había sido desde 1999 directos de Investigaciones. También fue secretario de la Cámara Federal de esta ciudad. Por otra parte, da clases de derecho penal en la Universidad de La Plata, la del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y en la de Palermo. Integra desde el año 2005 el Comité Asesor Internacional sobre análisis de la corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Comité Asesor del Programa Contrataciones Transparentes de la Fundación Poder Ciudadano.
Una irreparable pérdida.
Otra más que nos propina gobierno del matrimonio Kirchner.
Fuente: Ana Grillo/ DyN
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