DESTRUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA 
La “Seguridad y la Defensa Nacional” se definen como un bien público intangible, necesario fundamentalmente para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Estado, un concepto que amplía y está en línea con los principios contenidos en la Constitución de la Nación Argentina.
En las previsiones de la Defensa Nacional. Las recomendaciones del informe Rattenbach abarcan una gran cantidad de aspectos, aunque nosotros sólo tomaremos los referidos a la industria para la defensa por ser pertinentes a este boletín. Mantener la capacidad fabril para la producción de munición y explosivos. Mantener la capacidad fabril y mantenimiento de vehículos de combate terrestres, aéreos y navales. Generar condiciones favorables para definir la tecnología necesaria para la sustitución y fabricación de nuevos materiales y equipos para la guerra. Como podremos apreciar ninguna de estas acciones fueron implementadas por los gobiernos que se sucedieron a partir de 1983.
Consecuencias de la disminución del presupuesto para la Defensa Nacional.
Desde 1983 a la fecha los distintos gobiernos fueron disminuyendo notablemente el presupuesto del área de Defensa, llevándolo a ser el de menor cuantía del continente sudamericano cuando somos segundo país en extensión (terrestre y marítima) y poseemos enormes recursos naturales a defender. Ello motivó una significativa paralización, cuando no el cese total de las actividades y cierre de distintas fabricas militares y civiles, afectando del mismo modo a talleres de mantenimiento de distinto nivel. Las compras de material en el exterior – más necesario que nunca luego de las pérdidas sufridas durante la guerra de las Malvinas - prácticamente no existieron, lo que gravitó negativa y directamente en el adecuado adiestramiento del personal en los distintos sistemas de armas y la reducción de la capacidad operativas de las FFAA
Quizá sea necesario aclarar que gran parte del material bélico esta sujeto normalmente a un mantenimiento y reemplazo de partes, no sólo por el uso a que es sometido, sino también por tiempo calendario; luego resulta imposible que soporten 37 años sin caer en la obsolescencia o la inutilización por falta de partes o repuestos. Esa situación obligó, debido a la falta de repuestos, a recurrir a la “canibalización” como método de mantenimiento provocando que con el tiempo, además de obsoletos, nuestros equipos estén en un 80% inutilizados.
La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) creada por Ley 12.709 del 9 de octubre de 1941 como elemento orgánico del Ejército Argentino, era un enorme complejo industrial cívico-militar. Hasta 1983 estaba integrada por una Dirección de Desarrollo de la que dependían las 14 grandes sociedades en las que la DGFM tenía participación accionaria y atendía todo lo relacionado con el sector siderúrgico, químico y minero según lo establecía dicha ley. Se completaba su organización con la “Dirección de Producción” de la que dependían 12 establecimientos fabriles que producían elementos estratégicos para las FFAA argentinas y de algunos países de Latinoamérica, como así también para la actividad civil.
Alfonsín, 10 días después de asumir, promulgó el 20 de diciembre de 1983 el decreto 280/83, que transfirió Fabricaciones Militares a la órbita del Ministerio de Defensa.
Esta premura acredita claramente que el contenido del decreto tenía un origen político partidario y no era producto de un consenso de especialistas nacionales en defensa.
En febrero de 1984, por decreto 431/84 reemplazó a la cúpula militar que dirigía la empresa, en su mayoría ingenieros militares, por personas más comprometidas política que técnicamente con el trabajo específico que debían atender.Además muchos de ellos no tenían la idoneidad requerida para esos cargos.. Hasta ese momento la DGFM había sido manejada como un holding en el que las empresas más rentables permitían el funcionamiento y producción de otras cuya actividad era necesaria aunque no rentable.
La modificación significó el desmembramiento de las distintas sociedades que antes eran conducidas como un todo, lo que originó una situación anárquica en algunas de las empresas y fábricas, cuyos nuevos gerentes civiles con poco conocimiento de lo que debían administrar, entraron en el juego de intereses políticos y económicos.
Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE)
El TAM (Tanque Argentino Mediano) fue un proyecto nacido en la DGFM en cooperación con Thyssen de Alemania, acordándose en su oportunidad realizar dos prototipos: un Vehículo blindado de Combate (tanque) de 30 Tn con cañón 10.5 y un vehículo blindado de Transporte de Personal con cañón de 20mm .Luego de probados los prototipos, que estaban a la altura de los mejores productos mundiales, se inició su fabricación en serie. Se fabricaron alrededor de 450 vehículos blindados.
En 1980 se inició el desarrollo de un vehículo de combate blindado para artillería de 155 mm que fue logrado con éxito. Hasta 1996 se entregaron 17 de ellos a las unidades correspondientes.
En 1997 el gobierno del Dr Menem ordenó la liquidación de TAMSE , la sociedad que fabricaba estos armamentos blindados, cuyo trámite finalizó en el año 2000. Los activos quedaron en el Ejército.
Armada de la República Argentina (ARA)
La industria naval argentina – para servir a un enorme litoral marítimo - estaba orientada a la construcción de unidades de pequeño , mediano y gran porte para la carga y pesca en la cual estaba muy bien calificada. En menor grado satisfacía la construcción de unidades para la ARA y cubría sus necesidades de mantenimiento .
La modalidad de esta fuerza armada, en lo que hacía al equipamiento, se basaba en la compra de unidades usadas o nuevas completamente dotadas, incluyendo los sistemas de armas, a países extranjeros rectores en materia naval. De todos modos para las necesidades de mantenimiento , desarrollos y actualizaciones tecnológicas se valía de sus talleres de la Base Naval Puerto Belgrano e instalaciones de empresas sobre las que ejercía influencia industrial por participación accionaria .
En función de las exigencias así planteadas el Estado Mayor General de la Armada al 31 de diciembre de 1983 tenía bajo su mando la siguiente estructura de apoyo : Talleres Navales
Dársena Norte (Tandanor S.A.)
Empresa inicialmente dirigida por la Armada Argentina y la Administración General de Puertos, bajo el sistema legal de una sociedad anónima con mayoría de capital estatal. Los talleres tenían como capacidad la reparación de 400 buques por año. Además en los años 1973 y 1974 se armaron y ensamblaron allí las partes de los submarinos “San Luis” y “Salta” de 1000 toneladas cada uno. Actualmente es una empresa privada.
Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE)
Si bien su dependencia directa correspondía al Ministerio de Defensa, la ARA participaba en forma significativa en la dirección del mismo a través de calificados ingenieros navales y maquinistas componentes de su directorio. Era el astillero argentino más importante, disponiendo de una superficie (en todo su predio) de 1.010.000 m2. En él se fabricaron para la Armada Argentina buques como: el destructor Santísima Trinidad y las fragatas misilísticas Espora, Spiro, Parker y Rosales, de la clase MEKO 140 y también la reconocida y emblemática Fragata Libertad.
El gobierno de Alfonsín modificó la política previa existente en materia de construcciones de buques de guerra y comerciales quedando los astilleros de AFNE casi inactivos, con un enorme lucro cesante y la consecuente pérdida de mano de obra especializada.
Astilleros Manuel Domecq García S.A.
Este astillero fue concebido con el propósito de fabricar los submarinos TR-1700 y proporcionar el servicio de mantenimiento al resto de los submarinos diesel de marinas de otros países. Desde su pasaje a la órbita del Ministerio de Defensa sufrió un progresivo desmantelamiento que anuló su capacidad como astillero. De los 4 tubos de submarinos depositados en su talleres sólo queda uno en proceso detenido, mientras que los tres restantes fueron canibalizados como repuestos de los submarinos en servicio.
Taller Aeronaval Central o Taller Aeronaval Espora
En él se realizaba el 4to Escalón de Mantenimiento y Servicio Autorizado de todo el material aéreo de la ARA .El masivo éxodo de ingenieros, capataces y técnicos especializados en reparación de turbinas aéreas y navales provocado por los bajos sueldos, le ha hecho perder la finalidad principal que tenía como taller central.
La Industria aeronáutica La Fuerza Aérea Argentina desarrolló su capacidad de mantenimiento y de producción aeronáutica en base a dos talleres regionales (Quilmes, en la provincia de Buenos Aires y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba) sumados al Área Material Córdoba donde, además de producir aviones, se fabricaron motores alternativos, armamento (misiles, cohetes y bombas), paracaídas e instrumental.
La Fábrica Militar de Aviones Córdoba (1927)
se constituyó en el embrión industrial del interior del país y fue la mejor escuela técnica a través de muchos años, donde se formaron ingenieros, técnicos y operarios especializados. Durante setenta años en sus plantas se produjeron en serie ocho aviones bajo licencia (desde el AVRO GOSPORT 504 {1928} al DOUGLAS A-4AR {1999}, pasando por el MENTOR B-45, que aún es de dotación de la Escuela de Aviación, tras cincuenta años de ser utilizado como entrenador básico).
En el mismo período salieron de sus talleres treinta y seis sistemas de armas entre prototipos y de producción en serie, que integraron la dotación de la Fuerza Aérea. Entre los prototipos se destacaron el PULQUI I (1947 – primer avión a reacción en latino América), el ÑANCÙ (1948), el IA22-DL , avión de entrenamiento y el CALQUIN (IA 24) construido en serie y de dotación de la IV Brigada Aérea y también el PULQUI II (1950), de avanzada tecnología para la época.
Los dos últimos desarrollos fueron el IAe 58 PUCARA (turbohélice de reconocimiento ofensivo y apoyo directo en el campo táctico, que operó en el conflicto de Malvinas), y el IAe 63 PAMPA, desarrollado con la colaboración de la industria alemana. ( adiestramiento avanzado y ataque).
Los embates contra la estructura industrial aeronáutica llevaron al polo industrial a una grave inactividad.
Esta situación, sumada al desinterés en la consecución de políticas espaciales que hicieran retomar al país el lugar de liderazgo, sirvieron para justificar la privatización del Área Material por parte del gobierno de Menem, el 15 de diciembre de 1994, operación que terminó con el Estado subsidiando a una empresa trasnacional que no aportó nueva tecnología ni producción y que tuvo que ser económicamente compensada al finalizar el contrato, a causa del incumplimiento por parte del gobierno de obligaciones contractuales.
En los últimos años, se dispusieron cambios en instituciones que tradicionalmente dependieron de la Fuerza Aérea y cuyo funcionamiento respondía a patrones de eficiencia internacionales reconocidos; así se desvincularon el Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), sin cumplir con una programación progresiva y un traspaso [ordenado que garantizara la seguridad aérea y la conservación del personal especializado.
Programa misilístico “Cóndor”:
En las postrimerías de la década de los setenta comenzó el proyecto y desarrollo de un misil balístico de mediano alcance (MRBM) a cargo de la Fuerza Aérea, proyecto realmente ambicioso que fue evolucionando con la colaboración de varias empresas. entre ellas la MBB alemana y subsidiarias.
La formación de los científicos argentinos, permitió avanzar rápidamente en la tecnología del combustible sólido, los motores y el sistema de guiado. El “Cóndor I” estuvo destinado a la investigación atmosférica, con un apogeo de 300 km. y una carga útil de aproximadamente 500 kgs. Los ensayos estáticos se realizaron a mediados de 1983 y el primer lanzamiento estaba previsto a fines de1985, cosa que nunca se realizó. Su sucesor, el “Cóndor II” , era capaz de llevar una ojiva de media tonelada a más de 1000 km, cuyo bajo costo comparado con sus competidores no sólo favorecía su producción, sino que permitía vislumbrar la posibilidad de un buen mercado.
Estos proyectos nacieron impulsados por la idea de lanzar satélites y ponerlos en órbitas de baja altura, sin contar con ayuda externa. Terminado apresuradamente el gobierno de Alfonsin, el nuevo gobierno de Menen pareció en un principio estar de acuerdo con el proyecto, pero posteriormente cedió a las presiones que se ejercían y ordenó su cancelación aduciendo inicialmente razones presupuestarias, para terminar dando como causa las imposiciones internacionales (EEUU).
Gran parte del material y equipo para el desarrollo de los misiles fue desmantelado y enviado a los EE.UU. para su destrucción en el año 1993. Radarización y narcotráfico. Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y de la comercial en particular, la Fuerza Aérea fue impulsando a lo largo de los años diferentes planes tendientes a lograr la vigilancia y control integral del aeroespacio, los cuales no llegaron a materializarse por diversas razones.
Así nacieron: el “Sistema Integrado de Control del Espacio Aéreo” (SICEA) en los años 70 y 80; el “Plan Nacional de Radarización” en los años 90 (aprobado por Decreto 145/96) y actualmente el llamado “Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial” (SINVICA) que lo remplazó. Este último preveía incorporar cuatro radares militares en forma escalonada a partir del año 2009/2010 . Esta decisión, aún no cumplida, se está tomando 40 años después de la última adquisición de radares militares, en la década del 70. Sólo el 11% de nuestro territorio se encuentra bajo control radar, limitándose ello a radares para control de tránsito aéreo instalados en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y un radar secundario en Paraná.
Desde hace más de 15 años el Estado nacional no ha incorporado ningún radar para ir completando la red de control de tránsito aéreo que es casi inexistente.
Es evidente que ello se debe a una falta de decisión política que a la vez resulta influida por el monto de esta compra y las “posibles comisiones” a recibir por funcionarios intervinientes en un negocio de casi 2.000 millones de dólares (materiales, equipos y mantenimiento). Tal inacción favorece especialmente las actividades de contrabando y narcotráfico que se desarrollan preponderantemente en las fronteras norte del país. A raíz de la avería del radar de Ezeiza y del escándalo consiguiente por la afectación del tránsito aéreo, se encargó al INVAP (Investigaciones Aplicadas) la construcción de radares en el país cuyo primer prototipo se ha instalado recientemente en Bariloche.
Es del caso señalar las preocupaciones de los gobiernos de las provincias de Formosa y Salta hechas públicas durante el año 2009. En el primer caso se denunciaba la existencia de más de 200 pistas clandestinas utilizadas por aeronaves menores de narcotraficantes, y en el segundo, la Corte Suprema de la provincia norteña exigía al Gobierno Nacional la instalación de radares que permitieran controlar “la lluvia de drogas” proveniente de países limítrofes. A la diversidad y gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes al territorio nacional vía aérea y de la amenaza permanente del terrorismo, debería ser motivo suficiente para justificar la asignación de partidas presupuestarias que permitieran la inmediata adquisición de equipos y radares que posibilitaran un adecuado y completo control del espacio aéreo nacional mediante una coordinada estructura aérea y terrestre a tal fin.
Otro problema no menor, en cuanto el control de espacio aéreo, es que nuestra Fuerza Aérea no está legalmente autorizada a derribar aviones civiles intrusos en vuelo ilegal, después de desobedecer las indicaciones de los aviones interceptores, tal como se ha generalizado en un importante número de países, incluyendo Brasil y Chile.
En la actualidad, y a pesar de siete años de bonanza sin precedente la recaudación impositiva, las Fuerzas Armadas afrontan hoy una situación gravísima en lo que a armas y equipos se refiere, lo que incide notablemente en su adiestramiento.
Como elemento referencial debe tenerse en cuenta que la situación que se enumera a continuación está basada en FFAA disminuidas en material luego del conflicto de Malvinas. (que no fue repuesto).
El equipamiento del Ejército tiene una edad promedio superior a los 30 años con enorme déficit de repuestos para sus envejecidos vehículos terrestres y unidades aéreas. Hay munición sólo para dos días de combate con el agravante que un porcentaje de la misma está vencida ( En el combate de La Tablada para recuperar el cuartel en 1989, no se pudieron usar las granadas de mano debido a que estaban fuera de fecha para su uso)
Según algunas expresiones militares de los aviones de combate de la Fuerza Aérea vuela menos del 15 % y no tienen misiles ni munición para más de 48 horas.
Las informaciones oficiales llevan este número al 40% (dudoso) el máximo de aeronaves en servicio en cada una de las fuerzas.
La Armada no puede mantener en servicio activo y en condiciones de cumplir sus misiones ni el 30% de los buques de la clase Meko, cuyo sistema es el más moderno de la flota pero que cuenta con electrónica muy atrasada
De un total de 60 buques "sólo 16 están en condiciones de navegar", según expresó el diputado radical Julio César Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En la aviación naval sólo habría tres aviones Super Etendard operativos.
La comparación con nuestros vecinos
Un estudio de la consultora Nueva Mayoría indica que en 2008 los gastos argentinos en Defensa representaron el 0,87 % del PBI, muy lejos de Ecuador (3,81), Chile (3,73), Colombia (3,34), Uruguay (1,77) y Brasil[4] (1,70). Surinam, con el 0,95 %, invirtió más en defensa que nuestro país.
Debe tenerse en cuenta que esa reducida proporción del PBI destinado a la defensa sufrió sucesivas reducciones trimestrales en el año 2009, a tal punto que más del 80% del monto estuvo afectada al pago de sueldos, con lo cual el adiestramiento de los comandos y las unidades, así como las reparaciones y compras de material se encuentran en un límite tal que se hace muy difícil remontar en el corto y mediano plazo esas falencias , con el objeto de alcanzar los niveles mínimos necesarios para tener una herramienta militar a la altura de nuestras necesidades estratégicas.
El proceso de radarización en el cono sur, según el analista de temas de defensa Alejandro Corbacho (director de Ciencias Políticas del Centro de Estudios Macro Económicos), es el siguiente : Chile 100 % de su territorio; Brasil 80 % y Argentina el 11% . Sin palabras.
En síntesis, el gobierno de Alfonsín por razones partidarias e ideológicas, perdió una importante oportunidad para mejorar la organización industrial militar a través de un programa coordinado, toda vez que los cambios no se produjeron como consecuencia de un estudio meduloso en el que participaran especialistas en el tema sino por una decisión política preconcebida - inducida por una particular visión histórica, sectaria y teñida de cuestiones ideológicas - para disminuir la ingerencia de las FFAA en el poder político y económico del Estado.
Ese cambio trajo aparejado el desequilibrio funcional de Fabricaciones Militares ya que originó una situación anárquica al producirse el desmembramiento de las sociedades que funcionaban como un holding, las que quedaron libradas a su propia suerte, entrando en el juego de intereses políticos y económicos. En cuanto a los sucesivos gobiernos, en especial el de Menem, no hicieron más que profundizar esta actitud sectaria, a punto de lograr que la capacidad actual de nuestras FFAA sea prácticamente nominal (con el agregado actual de una fuerte afectación de la moral de los cuadros). Esa política respecto a la producción para la defensa, no sólo afectó la capacidad de reacción de nuestras FFAA, sino que simultáneamente dejó fuera del mercado de trabajo a decenas de ingenieros, técnicos y operarios calificados.
Con el transcurrir del tiempo se ha perdido esa mano de obra especializada y las carreras tecnológicas que se desarrollaban en escuelas de aprendices pertenecientes a los complejos industriales y unidades militares.
Recuperar esa capacidad perdida demandaría muchos años, siempre y cuando existiera una decisión gubernamental seria, consensuada y continuada, de ubicar a la República Argentina en el nivel que ocupó tradicionalmente en Sudamérica por su potencial social y recursos económicos.
La reducción presupuestaria operada sobre las Fuerzas Armadas a partir de 1983 y la manifiesta despreocupación por la industria y actividades relacionadas con las necesidades de Defensa Nacional, trajo como resultado que buena parte de esa capacidad industrial que poseíamos haya quedado definitivamente en el pasado, restando actualmente y en forma limitada, la capacidad de mantenimiento mayor.
Se ha dado la paradoja que la única nación de Sudamérica que ha tenido un enfrentamiento bélico convencional en aire, mar y tierra contra una potencia mundial con apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de efectuar un concienzudo análisis de la experiencia de esa guerra y disponer de un informe con las recomendaciones pertinentes, haya obrado – por cuestiones ideológicas – en sentido contrario, debilitando las capacidades para enfrentar otro conflicto armado a niveles nunca conocidos en la era moderna, poniendo en peligro nuestra existencia como nación.
A todo esto deben agregarse las pérdidas de personal y material, principalmente aéreo de las tres FFAA como consecuencia del envejecimiento de material, falta de mantenimiento por limitaciones del presupuesto y la drástica disminución de adiestramiento por las mismas razones, hechos todos que sumados produjeron numeroso accidentes con pérdida de vidas de personal altamente calificado que, además, costó a la Nación mucho tiempo y dinero para su formación.
Fuente: ARGENTINA INEDITA.
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