Quién vigila al Gran Hermano:
La gran transa
El servicio de localización autómática de vehículos, que contrata el ministerio de Justicia y Seguridad, cuesta a la Provincia más de tres millones de pesos mensuales, y estaría sobrevaluado. La firma prestataria, Megatrans S.A., lo ofrece en el mercado privado a un precio muy inferior. Las explicaciones que dieron desde la Cartera
Sólo hay una cosa más inquietante que la pregunta “¿quién controla a los policías?”: la respuesta. La Provincia paga a la firma Megatrans casi $ 50 millones por año por un sistema de vigilancia para patrulleros que sufre serios cuestionamientos por parte de los policías y que, además, se ofrece a privados por la mitad de lo que se cobra al Estado.
El sistema, cuyo nombre comercial es Datatrack, se coloca en los patrulleros y revela, en pantallas instaladas en cada una de las departamentales, la localización exacta y la actualización de sus posiciones geográficas una vez cada 27 segundos, dejando en evidencia el tiempo de inactividad y la ubicación de cada unidad. De esta forma se ejerce una suerte de contralor: se evita que policías inescrupulosos estacionen las patrullas en garajes privados y abandonen sus tareas -una práctica que se denuncia con frecuencia- y deja asentados los recorridos y la ubicación de cada móvil en caso de hechos delictivos.
Según Rosana Gabriele, vocera de la empresa, el sistema “permite identificar al patrullero más cercano y en mejores condiciones de asistir a un determinado incidente”. Gabriele agrega que “actualmente brindamos el servicio de AVL a patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con reportes cada 27 segundos, controlados y administrados desde 104 terminales de Monitoreo y Gestión, que forman parte del servicio de atención de emergencias 911”. Pese a tamaña inversión, las denuncias por “policías que duermen la siesta en los patrulleros” se multiplican.
Por las prestaciones mencionadas la empresa privada recibirá, solamente en 2010, más de 50 millones de pesos. Así consta en la Contaduría General de la Provincia, donde pueden leerse en el expediente 21100-389695/2010 aprobaciones de pagospor $ 10.457.276,00 y por $ 84.790.718,00, con fechas del 15 y 16 de febrero de este año, respectivamente.
El primero de ellos, explican desde el ministerio de Justicia y Seguridad, es por la “instalación del tablero de monitoreo, unidad de transmisión y monitores de LCD”; el segundo corresponde a “la contratación del servicio por 24 meses desde el 1º de enero de 2010”. Según informa el ministerio, el pago por el servicio insume alrededor de 3.9 millones de pesos mensualmente.
La contratación de Megatrans S.A. incluye el monitoreo de 6.500 vehículos, aunque algunas estimaciones señalan que la flota de patrulleros de la Bonaerense asciende a “casi 5 mil”. El “casi” es el tope de precisión que se obtiene, y viene de manos de un informe elaborado por la oposición. Sin embargo, una nota publicada por la revista Desafío Económico en su edición de octubre deja más dudas. De un relevamiento efectuado por esa publicación se extrae que, en al menos veinte municipios, la cantidad de móviles en condiciones de patrullar es, en los casos más leves, cerca de la mitad de los que informa el ministerio.
Más grave es la situación en distritos del Conurbano. En La Matanza, por ejemplo, la cartera declara que hay 304 móviles, y las autoridades locales hablan de apenas 70 en funcionamiento; en Avellaneda, los 154 que cuentan desde Seguridad contrastan con los 31 que las autoridades locales cuentan; en Tigre las diferencias son de 112 contra 46; en Pilar, un número similar: 94 contra 50; en Almirante Brown, 150 contra 70; en Campana, 28 contra apenas 5; en Lomas de Zamora, 161 contra 48. En el interior provincial la situación mejora sensiblemente: en Ayacucho, son 20 informados por el ministerio y 14 los que funcionan; en Tandil, 60 contra 90.
De esa mermada cifra, no todos tienen instalado el AVL. Un caso paradigmático es Dolores, donde, según la información oficial, hay siete patrulleros y veinte camionetas, a los que se habrían incorporado cinco vehículos más. Consultado por La Tecla, el jefe de la Departamental admite que sólo doce de esos vehículos tienen el equipo instalado. En este punto entra a tallar la denuncia de un policía que, pidiendo la reserva de su identidad, expresa que “los AVL de los patrulleros no funcionan, pero los autos que no son patrulleros tambien lo tienen. ¿Para qué? Si esto no es un curro, el curro, ¿dónde está?”.
Hay voces que objetan, además, las circunstancias del llamado a licitación. En diálogo con este medio un empresario que planeaba presentarse y finalmente no concretó la oferta señala, pidiendo también que se preserve su identidad, que del proceso recuerda que “en el portal en el que aparecen los llamados a licitación en la Provincia, ésta salió dos días antes de que abriera la licitación. Había unos plazos ridículos, imposibles de cumplir”. Según revela, uno de los motivos por los cuales su firma decidió no participar fue ése. “Una licitación de semejante envergadura requiere que presentes papeles, documentación de todo tipo, y no podés prepararla en dos o tres días: necesitás semanas y, en temas de esta envergadura, meses; es imposible”, concluye.
Números de engorde
Existen numerosas empresas que ofrecen el servicio de monitoreo satelital de unidades. La Tecla accedió a seis presupuestos, incluyendo uno solicitado a Megatrans. Del análisis de los números, se extrae que, mientras que la Provincia paga a dicha firma cerca de 550 pesos por mes y por patrullero, ésta lo ofrece a particulares a un costo muy inferior. Los cargos por instalación del equipo, “sensado de puertas de carga a cambio de estado” y “sensado de puertas de cabina” rondan los 1.000 pesos. Luego, el abono mensual, con el equipo en comodato, llega a 235 pesos. La venta del equipo, por otra parte, ronda los 360 dólares, que se compensan con una cuota menos elevada: 190 pesos.
Otras empresas ofrecen el servicio a un precio aún más módico. Rondan, de acuerdo a lo relevado, entre los 120 y los 200 pesos, incidiendo la cantidad de vehículos, extensión del contrato, modalidad de la contratación, entre otros aspectos.
Desde Megatrans explican que la diferencia de precios existe debido a que “ningún servicio Standard o Pre-mium que brinda la compañía a privados se puede asimilar a esta prestación llamada ‘de misión crítica’”. Declaran, además, que “el costo se establece por cuatro años, y no existe redeterminación de precios”, y que el servicio incluye “el mantenimiento de todas las instalaciones móviles, es decir, la mano de obra y el costo de todo lo que se rompe” en condiciones de uso “intensas, expuestas a un servicio duro, de 24 horas, con conductores que rotan, con un uso no cuidadoso del móvil”.
Finalmente, aducen que los valores incluyen “el costo de atención en las terminales de visualización” y que los reportes cada 27 segundos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires son “un requerimiento que no tiene una unidad de uso comercial”.
Ante la pregunta, un empresario del rubro no muestra la menor sorpresa. “Imaginate que estamos hablando de contrataciones del Estado, en las que los valores se sobredimensionan. Vos vas a comprar un pantalón a un local de ropa y te sale 100 pesos, si la Policía lo compra, probablemente lo pague 200 o 250 pesos”, narra, a cara de piedra, el prestador, que tiene contratos vigentes con la Provincia.
Megatrans
La relación de Megatrans con la Provincia no es nueva. Así lo atestiguan más transacciones que pueden verse en Con-taduría, donde se registran pagos de 2007 por $ 28.123.188,40 y de 2006 por $ 3.254.296. Con un detalle: estas contrataciones fueron realizadas de manera directa -es decir, sin que medie un llamado a licitación- y en un marco de absoluta legalidad, ya que regía por entonces la emergencia policial, que este año el gobernador Daniel Scioli decidió no prorrogar.
Megatrans S.A. comenzó a operar durante la década del ‘90 y, vislumbrando el negocio, invirtió fuerte -cerca de 12 millones de dólares- durante la recesión previa al estallido de 2001, para convertirse en la licenciataria exclusiva del sistema Datatrak, que es el que provee a la cartera que conduce Ricardo Casal.
Desde 2003 la empresa es propiedad de Graciela De La Fuente, presidenta de la Cámara de la Construcción de La Plata; y hasta ese año era de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.
La Coalición Cívica objeta, a través de un informe elaborado por el diputado Walter Martello, que la firma utiliza “su relación privilegiada con la Policía bonaerense para posicionarse comercialmente con respecto a sus competidores”.
La propia empresa manifiesta –desde la web– que trabaja con “15.000 móviles del sector productivo y de instituciones de servicio público”, dejando a las claras un problema de competencia. Además, la firma opera en Ciudad de Buenos Aires brindando seguridad privada, según se extrae de disposición N°468-DGSPR del 7 de noviembre de 2007, del ministerio de Gobierno porteño.
En la Provincia, el ojo del Gran Hermano, que todo controla y nada se le escapa, no puede, sin embargo, rendir cuentas sobre su propio bolsillo.
El sistema, cuyo nombre comercial es Datatrack, se coloca en los patrulleros y revela, en pantallas instaladas en cada una de las departamentales, la localización exacta y la actualización de sus posiciones geográficas una vez cada 27 segundos, dejando en evidencia el tiempo de inactividad y la ubicación de cada unidad. De esta forma se ejerce una suerte de contralor: se evita que policías inescrupulosos estacionen las patrullas en garajes privados y abandonen sus tareas -una práctica que se denuncia con frecuencia- y deja asentados los recorridos y la ubicación de cada móvil en caso de hechos delictivos.
Según Rosana Gabriele, vocera de la empresa, el sistema “permite identificar al patrullero más cercano y en mejores condiciones de asistir a un determinado incidente”. Gabriele agrega que “actualmente brindamos el servicio de AVL a patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con reportes cada 27 segundos, controlados y administrados desde 104 terminales de Monitoreo y Gestión, que forman parte del servicio de atención de emergencias 911”. Pese a tamaña inversión, las denuncias por “policías que duermen la siesta en los patrulleros” se multiplican.
Por las prestaciones mencionadas la empresa privada recibirá, solamente en 2010, más de 50 millones de pesos. Así consta en la Contaduría General de la Provincia, donde pueden leerse en el expediente 21100-389695/2010 aprobaciones de pagospor $ 10.457.276,00 y por $ 84.790.718,00, con fechas del 15 y 16 de febrero de este año, respectivamente.
El primero de ellos, explican desde el ministerio de Justicia y Seguridad, es por la “instalación del tablero de monitoreo, unidad de transmisión y monitores de LCD”; el segundo corresponde a “la contratación del servicio por 24 meses desde el 1º de enero de 2010”. Según informa el ministerio, el pago por el servicio insume alrededor de 3.9 millones de pesos mensualmente.
La contratación de Megatrans S.A. incluye el monitoreo de 6.500 vehículos, aunque algunas estimaciones señalan que la flota de patrulleros de la Bonaerense asciende a “casi 5 mil”. El “casi” es el tope de precisión que se obtiene, y viene de manos de un informe elaborado por la oposición. Sin embargo, una nota publicada por la revista Desafío Económico en su edición de octubre deja más dudas. De un relevamiento efectuado por esa publicación se extrae que, en al menos veinte municipios, la cantidad de móviles en condiciones de patrullar es, en los casos más leves, cerca de la mitad de los que informa el ministerio.
Más grave es la situación en distritos del Conurbano. En La Matanza, por ejemplo, la cartera declara que hay 304 móviles, y las autoridades locales hablan de apenas 70 en funcionamiento; en Avellaneda, los 154 que cuentan desde Seguridad contrastan con los 31 que las autoridades locales cuentan; en Tigre las diferencias son de 112 contra 46; en Pilar, un número similar: 94 contra 50; en Almirante Brown, 150 contra 70; en Campana, 28 contra apenas 5; en Lomas de Zamora, 161 contra 48. En el interior provincial la situación mejora sensiblemente: en Ayacucho, son 20 informados por el ministerio y 14 los que funcionan; en Tandil, 60 contra 90.
De esa mermada cifra, no todos tienen instalado el AVL. Un caso paradigmático es Dolores, donde, según la información oficial, hay siete patrulleros y veinte camionetas, a los que se habrían incorporado cinco vehículos más. Consultado por La Tecla, el jefe de la Departamental admite que sólo doce de esos vehículos tienen el equipo instalado. En este punto entra a tallar la denuncia de un policía que, pidiendo la reserva de su identidad, expresa que “los AVL de los patrulleros no funcionan, pero los autos que no son patrulleros tambien lo tienen. ¿Para qué? Si esto no es un curro, el curro, ¿dónde está?”.
Hay voces que objetan, además, las circunstancias del llamado a licitación. En diálogo con este medio un empresario que planeaba presentarse y finalmente no concretó la oferta señala, pidiendo también que se preserve su identidad, que del proceso recuerda que “en el portal en el que aparecen los llamados a licitación en la Provincia, ésta salió dos días antes de que abriera la licitación. Había unos plazos ridículos, imposibles de cumplir”. Según revela, uno de los motivos por los cuales su firma decidió no participar fue ése. “Una licitación de semejante envergadura requiere que presentes papeles, documentación de todo tipo, y no podés prepararla en dos o tres días: necesitás semanas y, en temas de esta envergadura, meses; es imposible”, concluye.
Números de engorde
Existen numerosas empresas que ofrecen el servicio de monitoreo satelital de unidades. La Tecla accedió a seis presupuestos, incluyendo uno solicitado a Megatrans. Del análisis de los números, se extrae que, mientras que la Provincia paga a dicha firma cerca de 550 pesos por mes y por patrullero, ésta lo ofrece a particulares a un costo muy inferior. Los cargos por instalación del equipo, “sensado de puertas de carga a cambio de estado” y “sensado de puertas de cabina” rondan los 1.000 pesos. Luego, el abono mensual, con el equipo en comodato, llega a 235 pesos. La venta del equipo, por otra parte, ronda los 360 dólares, que se compensan con una cuota menos elevada: 190 pesos.
Otras empresas ofrecen el servicio a un precio aún más módico. Rondan, de acuerdo a lo relevado, entre los 120 y los 200 pesos, incidiendo la cantidad de vehículos, extensión del contrato, modalidad de la contratación, entre otros aspectos.
Desde Megatrans explican que la diferencia de precios existe debido a que “ningún servicio Standard o Pre-mium que brinda la compañía a privados se puede asimilar a esta prestación llamada ‘de misión crítica’”. Declaran, además, que “el costo se establece por cuatro años, y no existe redeterminación de precios”, y que el servicio incluye “el mantenimiento de todas las instalaciones móviles, es decir, la mano de obra y el costo de todo lo que se rompe” en condiciones de uso “intensas, expuestas a un servicio duro, de 24 horas, con conductores que rotan, con un uso no cuidadoso del móvil”.
Finalmente, aducen que los valores incluyen “el costo de atención en las terminales de visualización” y que los reportes cada 27 segundos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires son “un requerimiento que no tiene una unidad de uso comercial”.
Ante la pregunta, un empresario del rubro no muestra la menor sorpresa. “Imaginate que estamos hablando de contrataciones del Estado, en las que los valores se sobredimensionan. Vos vas a comprar un pantalón a un local de ropa y te sale 100 pesos, si la Policía lo compra, probablemente lo pague 200 o 250 pesos”, narra, a cara de piedra, el prestador, que tiene contratos vigentes con la Provincia.
Megatrans
La relación de Megatrans con la Provincia no es nueva. Así lo atestiguan más transacciones que pueden verse en Con-taduría, donde se registran pagos de 2007 por $ 28.123.188,40 y de 2006 por $ 3.254.296. Con un detalle: estas contrataciones fueron realizadas de manera directa -es decir, sin que medie un llamado a licitación- y en un marco de absoluta legalidad, ya que regía por entonces la emergencia policial, que este año el gobernador Daniel Scioli decidió no prorrogar.
Megatrans S.A. comenzó a operar durante la década del ‘90 y, vislumbrando el negocio, invirtió fuerte -cerca de 12 millones de dólares- durante la recesión previa al estallido de 2001, para convertirse en la licenciataria exclusiva del sistema Datatrak, que es el que provee a la cartera que conduce Ricardo Casal.
Desde 2003 la empresa es propiedad de Graciela De La Fuente, presidenta de la Cámara de la Construcción de La Plata; y hasta ese año era de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.
La Coalición Cívica objeta, a través de un informe elaborado por el diputado Walter Martello, que la firma utiliza “su relación privilegiada con la Policía bonaerense para posicionarse comercialmente con respecto a sus competidores”.
La propia empresa manifiesta –desde la web– que trabaja con “15.000 móviles del sector productivo y de instituciones de servicio público”, dejando a las claras un problema de competencia. Además, la firma opera en Ciudad de Buenos Aires brindando seguridad privada, según se extrae de disposición N°468-DGSPR del 7 de noviembre de 2007, del ministerio de Gobierno porteño.
En la Provincia, el ojo del Gran Hermano, que todo controla y nada se le escapa, no puede, sin embargo, rendir cuentas sobre su propio bolsillo.
Fuente: Revista La Tecla
No hay comentarios:
Publicar un comentario