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19/4/09

MEMORIA

El dilema del juez Bejas
Por Arturo Larrabure

El autor es hijo del Coronel Argentino del Valle Larrabure


Hay una nueva clase de desaparecidos: los desaparecidos de la memoria pública, las víctimas del terrorismo guerrillero.

Sus deudos sufrimos al ver que los victimarios son calificados como jóvenes que sólo pensaban diferente, como si esto diera derecho a secuestrar, a torturar y a cometer 21.000 atentados y más de 1.500 asesinatos.
Por eso reclamamos justicia, respeto e igualdad ante la ley.
¡No defendemos el Proceso!
A Humberto y a María Cristina Viola, a José Ignacio Rucci, a Argentino del Valle Larrabure, como a otros, los asesinaron durante el gobierno de Isabel Perón.
Luchamos contra dos sofismas ideados para sostener que los crímenes de la guerrilla no son de lesa humanidad.
El primero, falsamente, alega que tales aberrantes crímenes son delitos comunes, prescriptos, por no haber sido instigados, facilitados, financiados ni tolerados por Estado alguno.
Para rebatirlo, probamos la existencia del terrorismo de Estado argentino y cubano, poniendo al descubierto el plan criminal diseñado por el ideólogo John W. Cooke. Este propuso infiltrar las masas peronistas y generar hechos revolucionarios que forzaran a Perón a consentir un régimen marxista.
Desde la campaña electoral de Héctor Cámpora, los eslabones fueron colocándose: el 25 de mayo de 1973 iban a liberar a los terroristas detenidos, con una amnistía diseñada por el actual procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Para rebatir el otro sofisma de que sólo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad, está el fallo “Tadic”.
El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia concluyó que también pueden cometerlos “organizaciones guerrilleras sin que sea necesario que los actos sean dirigidos o instigados por un grupo en permanente control de un territorio...; actores no estatales pueden ser también posibles autores de crímenes de lesa humanidad”.
Contra ese y otros precedentes, Righi dictó la resolución Nº 158/07, que prohíbe a los fiscales federales considerar crímenes de lesa humanidad los asesinatos de la guerrilla.
María Cristina Picón de Viola pidió su nulidad: la resolución viola parámetros fijados en la causa “Almonacid Arellano” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El juez Daniel Bejas debe resolver el planteo, y optar entre la memoria o la historia, el coraje o la cobardía, la conveniencia o los valores, la justicia o la política, la jurisprudencia internacional o los sofismas para amnistiar a los guerrilleros.

12/4/09

MAR DEL PLATA - PLANES DE VIVIENDA

IN-DIGNIDAD



Un allanamiento en el Instituto Provincial de la Vivienda, ordenado por un juzgado penal tributario, condujo a la justicia a establecer conexiones insospechadas entre la investigación del Plan Dignidad y causas nacionales por cohecho y evasión. Los papeles son un puente que conecta con Skanska y las facturas falsas para justificar altas coimas que escabullen impuestos.

¿Algo más?

La cuestión de la casas del Plan Dignidad, que fuera construido para implementar el paulatino proceso de reubicación de los habitantes de la Villa de Paso, tiene dos vías diferentes de curso. Por una parte, y en la superficie, el escándalo público que generó la toma de las viviendas por parte de vecinos del barrio Pueyrredon, que hizo sacudir la sensibilidad de la opinión pública.

Los habitantes de la ciudad se ubicaron de uno u otro lado, según el conocimiento de esos hechos que hubieran podido concretar.

Por otra parte, la situación causante de aquella toma es el estado en el cual se encontraba el barrio, varias de cuyas viviendas habían sido abandonadas desde hacía más de dos años, en diferentes etapas de construcción.

Por supuesto esto desató una verdadera batalla de pobres contra pobres, donde los únicos ilesos resultaron ser los verdaderos responsables de la injusticia: los constructores que habían incumplido.

Como se supo en aquella ocasión, las viviendas habían sido edificadas por una aparente ONG llamada Trabajar, que había recibido fondos suficientes del Estado y no había respondido a los compromisos asumidos: aducía que los pagos debían ser reajustados ya que era imposible mantener el presupuesto original.

La cuestión fue que aquel instituto había girado fondos a una organización cuyos miembros ya estaban en la justicia por haber cometido desfalcos similares en la construcción de otros planes, que jamás se habían entregado.

Cuando las investigaciones fueron detrás de y procuraron los nombres del caso, se encontraron con que los responsables habían sido Jorge Trujillo, experto en conseguir contactos que borren su nombre de cualquier lista de responsables de cualquier delito, y su fiel hermano César Trujillo, cuya candidatura a senador es hoy objeto de bombos y platillos, avalada por la lista del Frente para la Victoria que aclama la conducción de Néstor Kirchner.

La UOCRA, que tiene a este apellido como principal referente, se había ocupado de aclarar que el gremio como tal nada tenía que ver con la ONG, y que nadie estaba habilitado para recibir dinero en su nombre. Hasta dónde.

La causa siguió su curso, y a fines del año pasado un tribunal federal de la ciudad de La Plata dispuso un allanamiento en el Instituto Provincial de la Vivienda con apoyo de la policía, con el objeto de secuestrar toda la documentación pertinente que refiriera a la licitación y construcción del barrio Las Heras, sectores I y II del partido de General Pueyrredon.

Se investigaba el presunto delito cometido por un grupo de personas que creaban sociedades ficticias de forma habitual, las cuales servirían como punto de apoyo para sus actividades ilícitas. Firma la orden el juez Arnaldo Hugo Corazza, pero indica remitir el material secuestrado al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº1, a cargo de Javier López Biscayar.

El allanamiento se concretó, y los resultados fueron dos cajas de profuso material que mencionaba los barrios Don Emilio y Dignidad.

La vinculación con la causa Skanska

La causa invocada iba en contra de Luis Di Biase por asociación ilícita.Resultaba curioso que todo el material fuera remitido al juez López Biscayar, el mismo que tiene a su cargo la llamada causa Skanska, en la cual se investiga la existencia de una estructura económica ilegal para financiar organizaciones políticas y enriquecer funcionarios: evasión y cohecho.

Podría sintetizarse la operatoria Skanska de esta manera: existe una asociación ilícita –presuntamente liderada por Adrián Félix López- que proveía a la firma Skanska S.A. de facturas.

Ese grupo se escuda en la firma fantasma Infiniti Group. Con esa documentación falsa se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos. De esa manera se simulaban unas operaciones comerciales que, al ser inexistentes, generaban un crédito fiscal espurio a favor de Skanska, y también deducciones improcedentes de la base imponible del impuesto a las ganancias, que a la misma firma le hubiera correspondido tributar. Skanska pagaba menos porque simulaba gastos que eran en realidad coimas.
Es por eso que para el juez, el primer delito a considerar aquí es la evasión, ya que la firma Skanska está eludiendo al fisco por efectuar deducciones improcedentes y computar créditos fiscales inexistentes.Vuelve a casaLa causa de base investiga la asociación ilícita de la nombrada firma Infiniti Group SA, la cual sería -según se indica- el origen de los cheques y facturas truchas utilizadas para pagar convenientemente las coimas a funcionarios.

Al abrir sus archivos, aparecieron mencionadas numerosas firmas de este medio que vuelven a comunicar todas las patas de este tremendo ovillo de relaciones fraudulentas. Porque algunas son empresas de la ciudad de Mar del Plata y negociaron valores con Infiniti Group: Antonio Barillari SA, Textilana SA, así como el mencionado Adrián López y Skanska. También figuran Wall Mart, Banelco, Clínica Bazterrica, Banco de Galicia, Banco Macro Bansud, y una centena de firmas de amplísima trayectoria y reconocimiento en el mercado.

Pero en apariencia, Infiniti Group era una empresa dedicada a cuestiones de ingeniería.El memorándum interno de Skanska dice -a propósito de una adjudicación- que el contador Ullúa – el cliente- les había recomendado la contratación de la ejecución de la ingeniería de detalle y de distintos manuales que solicita el pliego, a gente de su confianza con el “argumento inapelable de que es la forma de conseguir una aprobación más fluida y sin problemas”. La recomendación viene de un funcionario público.

La vinculación con el plan Dignidad

Ahora bien, en este marco de cohecho y coimas, el juez confiscó documentos referidos a la construcción de planes de vivienda para los sectores más carenciados de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué relación existe entonces entre los Trujillo, la ONG aparente llamada Trabajar y la causa Di Biase, que llevó a descubrir unas coimas que ya habían sido denunciadas por los diputados Esteban Eduardo Jerez y Esteban Bullrich?¿Qué es lo que vincula a las grandes listas de negociadores de cheques que alimentan los archivos de Infiniti Group con la empresa constructora de Mar del Plata que dejó las casas sin terminar? ¿Por qué el juez ha reunido todo en una investigación que se empeña en no diversificar y sigue hablando de delitos conexos?

Nada puede sorprender ya a las relaciones existentes entre las figuras que operan impúdicamente con los bienes y patrimonios del Estado y las altas esferas del poder político y judicial, pero siempre existe un punto de encuentro que va mucho más allá de lo que una mente creativa podría llegar a idear.

Fuente : Noticias y Protagonistas

MEMORIA

Respecto del plan de viviendas Dignidad bueno es recordar que el primer cheque a los hermanos trujillo se los entgregó en mano el entonces Gobernador Felipe Solá junto con el entonces Intendente K Daniel Katz en un acto realizado en el tatro Colón en donden abundaron los autoelogios .

EL UNICO CONCEJAL que se opuso tenasmente a la concrecion de este plan de viviendas, investigó y expuso varias de las cuestiones que hoy se plantean y que a la postre, como el afirmaba entonces,llevaron a que muchas de la viviendas no se terminen y que el costo de las mismas resultara enormente mayor que el origirnal previsto fue JULIO LOBATO.

El entonces Concejal , acompañando por Acción Marplatense , NUNCA VOTO NINGUNO DE LOS PROYECTOS QUE SE VINCULABAN CON EL PLAN DIGNIDAD. Lobato debido a su justificada negativa debió soportar aprietes, denostaciones y puteadas de todo tipo, en sesiones del Concejo Deliberante, por parte de las famosas "Barras Bravas" de la UOCRA que ante la inacción de las autoridades de propio cuerpo deliberativo colmaban la barra del mismo ante la mirada indiferente de sus pares que sostenian que "a estos proyectos había que votarlos a carpeta cerrada por que generaban trabajo e hiban a solucionar el problema de la falta de viviendas en la ciudad....". Lobato por ese entonces debió bancarse cartas documento de la ONG trabajar por que presentó profusa documentacion en el expediente del HCD en donde se exponian varias de estas cuestiones que hoy están, como refiere la nota periódistica precedente, en la Justicia. QUE TARDE PERO A VECES LLEGA ...

Mientras tanto , estimado lector, lo invitamos a hacer un recorrido turístico por la periferia de la ciudad ( barrios el martillo, las heras , don emilio por mencionar algunos ) y ver el estado en que se encuentran las viviendas ... Verá que muchas de ellas , pese al tiempo transcurrido, están a medio terminar y que por cierto nos han costado a todos lo contribuyentes fortunas . Sin considerar la mala calidad de los materiales con las que se contruyeron cuestión que puede apreciarse a simple vista..





14/3/09

DESPENALIZACIÓN DE CALUMNIAS E INJURIAS

Para asuntos referidos al interés público




El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su adhesión al proyecto de ley presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el cual se prevé la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para las expresiones sobre temas de interés público.
La reforma propuesta por el Cels sugiere modificaciones en el Código Penal de la Nación (arts. 109 y 110) y subraya que, en ningún caso, configurarán delito de calumnias o injurias las expresiones... ... referidas a asuntos de interés público. Al mismo tiempo, aún para los casos en que un tribunal considere que se ha cometido alguno de estos delitos, el proyecto suprime las penas de prisión previstas en la ley actual y las reemplaza por multas.
De la misma manera, Fopea adhiere a la sugerencia del CELS de realizar una reforma del Código Civil tendiente a evitar la proliferación de juicios civiles, que comprometen y restringen la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general, cuando se los condena a abonar sumas exorbitantes de dinero en procesos por daños y perjuicios.

El proyecto presentado por el CELS responde a la obligación de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel el 2 mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación local para evitar que el uso de las figuras de calumnias e injurias afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público.

Fopea trabaja en el mismo que el CELS, en la búsqueda de instrumentos que lleven a la despenalización de las calumnias e injurias, y está estudiando la posibilidad de desarrollar una iniciativa regional en la materia.